El oficialismo decidió poner a Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central y figura clave del equipo económico, en el centro de la escena mediática, relacionándolo con la polémica contratación de su esposa para cursos de inglés con fondos públicos y con un artículo de la reforma laboral que impacta sobre las licencias por enfermedad. Según fuentes gubernamentales, la defensa de la contratación fue sostenida por el propio presidente Javier Milei y por funcionarios de Cancillería, quienes argumentaron que el contrato estaba dentro de la “legalidad administrativa” y que aportaba un “servicio de capacitación útil”. Pero la reacción oficial no terminó allí: el Gobierno también habló de aprovechar el escándalo como argumento contra las críticas a la reforma laboral, proponiendo que quienes objetan el proyecto lo hacen con motivaciones que exceden el debate técnico y se vinculan con viejas prácticas de “campañas de desprestigio”. La táctica oficial generó rechazo entre sectores opositores y gremiales, que inmediatamente señalaron que esta maniobra no responde a un contrapeso legítimo al debate público, sino a una forma de diluir responsabilidades políticas y echar culpas hacia afuera para desviar la atención de la falta de consensos sobre la reforma laboral misma. La reforma laboral en discusión —especialmente los artículos sobre indemnizaciones, justicia laboral y licencias por enfermedad— ya venía siendo objeto de críticas por parte de sindicatos como la CGT y La Fraternidad, que convocaron paros y movilizaciones generales en rechazo a lo que consideran recortes de derechos.  Ahora, el Gobierno intenta ligar esas objeciones al escándalo del contrato de la esposa de Sturzenegger, en una estrategia comunicacional que sus adversarios califican como “operación política” para tapar el debate de fondo sobre la pérdida de derechos laborales. Desde la oposición, legisladores y dirigentes sindicales consideran que el ataque oficial no desactiva ni atenúa las preocupaciones reales que existen sobre la reforma laboral, sino que agrava la percepción de que el oficialismo utiliza escándalos periféricos para evadir el centro del debate. En ese sentido, la referencia constante a Sturzenegger y su entorno aparece como un intento de disfrazar un problema estructural (el rechazo social a cambios laborales) con uno coyuntural (el cuestionamiento a un contrato público). Además, críticos de la gestión interpretan que esta ofensiva expone una lógica de defensa que se basa en ataques personales o en polémicas tangenciales, en lugar de responder con argumentos sólidos sobre el contenido técnico de la reforma. Para ellos, el Gobierno prefiere polarizar el debate y buscar chivos expiatorios antes que enfrentar las críticas legítimas sobre la pérdida de derechos laborales y sociales que implican muchos artículos del proyecto oficial. En definitiva, la respuesta oficial contra Sturzenegger no sólo abre un nuevo frente de discusión política, sino que refuerza una tendencia comunicacional del Gobierno: desplazar el foco de los problemas de fondo hacia controversias personales o mediáticas, con el objetivo de consolidar el apoyo de su base mientras se dispersa el rechazo social y sindical.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P